viernes, 28 de marzo de 2014

¿Cuál es el número máximo de años que se pueden pasar en prisión en España?

Depende de varios factores:

*Personas juzgadas con el Código Penal de 1973 (vigente hasta 1995): la pena máxima es de 30 años de prisión. (Artículo 30).

*Personas juzgadas con el Código Penal de 1995: pena máxima de 20 años de prisión con tres excepciones.

Son las siguientes:
-Hasta 25 años si el condenado ha cometido dos o más delitos y alguno de ellos está castigado con una pena de hasta 20 años. (Artículo 76).
-Entre 20 y 30 años si el criminal, perteneciendo a una banda armada, organización o grupo terrorista, ha provocado la muerte de una persona. (Artículo 572).
-Hasta 30 años si el criminal ha sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos tiene una pena de más de 20 años de prisión. (Artículo 76).

*Personas juzgadas tras la reforma de 2003 del Código Penal de 1995: la pena máxima se amplía a 40 años en dos casos (modificación del Artículo 76):
-Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos dos de ellos, estén castigados con una pena de prisión superior a 20 años.
-Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo y alguno de ellos esté castigado con una pena de prisión superior a 20 años.

¿Por qué se llama doctrina Parot?

Esta norma jurídica lleva el nombre de un terrorista de ETA: Henri Parot. El criminal presentó un recurso al Tribunal Supremo de España ante la negativa de la Audiencia Nacional a convertir en una sola sus 26 condenas.

 El Supremo lo rechazó el 28 de febrero de 2006, y sentó las bases de la doctrina: "De modo que extinguida una pena, con las redenciones y beneficios que le puedan ser aplicables, comenzará el cumplimiento de la siguiente, y ello por el orden sucesivo de su respectiva gravedad […] Si el penado ingresó en prisión en 1990, finalizará el 'máximum' de cumplimiento en el año 2020".

Esta decisión creó jurisprudencia, es decir, se convirtió en Ley. A partir de ese momento se empieza a aplicar la doctrina Parot a todos aquellos presos condenados con el Código del 73 y con condenas largas (superiores a 30 años). A Henri Parot le habían sido imputados 82 asesinatos, que le supusieron 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4.800 años de prisión.

¿Cómo funciona la doctrina Parot? Un ejemplo práctico.

Supón el caso de un condenado a 3 penas de prisión: una de 30 años, otra de 15 y una tercera de 10. En total se enfrentaría a una condena de 55 años de cárcel (30+15+10), de los que sólo cumpliría 30, que era el máximo que permitía el Código Penal de 1973 (te lo explicamos en el paso seis de este practicograma). Si tenía buena conducta o realizaba trabajos en la cárcel este criminal podía reducir su condena total.

Así se computaría esta reducción, con y sin la doctrina Parot: 

-Con la doctrina Parot. La reducción de los años de cárcel se aplica sobre cada una de las condenas. Así, primero se toma la condena más larga (30) y sobre esa se aplica la redención de penas. Si redime, por ejemplo, 10 años, al cumplir 20 en prisión, le empezaría a contar su segunda condena en gravedad (la de 15 años) y sobre esa se le volvería a aplicar las redenciones que procedieran. Y así con todas las condenas hasta llegar al máximo de 30 que podía pasar en la cárcel por el Código del 73.

-Sin la Doctrina Parot. La reducción de los años de cárcel se llevaba a cabo sobre la pena máxima que podía cumplir en prisión. Imagina ese mismo preso condenado a 55 años (30+15+10). Antes de Parot, sobre los 30 años que como máximo que podía pasar en prisión, se le aplicaba la redención de penas. De este modo, con los mismos 10 años de redención del ejemplo anterior, el preso habría salido en libertad tras pasar 20 años en la cárcel.

Becerril asegura que el "99% de la ciudad" le preguntaba sobre obras

El exresponsable de Infraestructuras de Zaragoza Antonio Becerril ha negado en juicio que anticipara información al empresario Carmelo Aured sobre contratas del FEIL. Becerril ha respondido que él daba información general a todos porque el "99,9% de la ciudad" le preguntaba sobre obras. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel.

Antonio Becerril: "Si me encuentra un solo euro iré a Zuera andando"

El exconcejal asegura que "yo en mi vida he hecho nada ilícito, en veinte años de político". Se confiesa un bocazas y un 'farute' pero niega que Carmelo Aured y sus amigos le corrompieran.

¿Antonio Becerril era un farute y un bocazas con cargo público o un político corrupto? Esa es la incógnita que deben resolver los nueve hombres justos --cinco varones y cuatro mujeres-- que desde ayer enjuician en la Audiencia de Zaragoza el caso Becerril, el segundo gran juicio por corrupción de Aragón tras el de Mallén, en el que el exedil comparte banquillo con los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban.

El exteniente de alcalde zaragozano, que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión, 16 de inhabilitación y 398.000 euros de multa, negó ayer que hubiera facilitado a Aured información confidencial sobre contratas municipales, que influyera sobre funcionarios para favorecer a empresas de sus amigos, que recibiera sobornos del exalcalde de La Muela --la Policía los cifra en 20.700 euros en tres años-- y que blanqueara parte de ese dinero --7.420 en un trienio-- pagando cuotas de militantes del PSOE.



También negó que se hubiera corrompido. "Yo en mi vida he hecho nada ilícito, en veinte años de político. Si usted me encuentra un euro, no mil, iré a Zuera andando", le respondió a la fiscal, Victoria Esponera.

Becerril se presentó como un bocazas que se apuntaba ante personas como Aured --se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y 300.000 euros de multa-- méritos que no le correspondían, como el del contrato de 800.000 euros que Acciona firmó con Hormigones y Áridos Pedrola, empresa de Juan Carlos Esteban, para quien la Fiscalía solicita un año y medio de prisión --su abogado, Miguel Ángel Clemente, pide la absolución--.

"Yo ahí me estaba apuntando lo que no debía para hacerme el importante. Fue una farutada para quitarme de encima a Carmelo", dijo. Su abogada, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, que solicita la absolución, insistió en que Becerril le dio la noticia a Aured días después de que la constructora tomara su decisión.

Becerril mantuvo entre julio y diciembre del 2008 un fluido contacto telefónico con Aured --representado por el abogado César Ciriano, que sostiene que debe ser exonerado-- en el que le hablaba de contratas que tramitaba su área de Infraestructuras --las adjudicaba Economía-- y de otras como las del Fondo Estatal de Inversión Local. El exedil insistió en que la información que le facilitaba era ya pública. Se la daba, dijo, "como al 99% de esta ciudad".

El cruce de las fechas de las conversaciones y de la publicación de las contratas en los boletines oficiales resultará clave para que el jurado emita su veredicto sobre los cargos de tráfico de influencias. Será objeto de controversia el martes, cuando comparezca el Grupo de Blanqueo.

La primera sesión de la vista oral incluyó la reproducción de varias de las conversaciones telefónicas entre Becerril y Aured que la Policía interceptó durante las pesquisas de la operación Molinos, y cuya legalidad estudia llevar ante el Constitucional la defensa del primero. Algunos de sus pasajes rozan la obscenidad. "No me des más marcha", le responde Aured a Becerril tras decirle este que, "en mi despacho, si necesitas más papeles de contratos, lo tengo todo".

En otras hablan de "el mozo de Pedrola" o "del hormigón", aunque el exconcejal no acertó a recordar si con esas palabras se referían a Esteban --a preguntas de su letrado dijo no conocerlo--.

Becerril insistió en afirmar que tenía con mucha gente charlas como las que mantuvo con Aured. "No deja de ser una conversación más, una entre mil, no dice nada", declaró tras oír una en la que le explicaba que ese día había aprobado un proyecto de 600 VPO que más adelante "sacaré a licitación". "Son conversaciones normales ¿Dónde está que hayamos hablado de comisiones?", remarcó.

Por último, indicó que si tuvo una caja de seguridad en un banco fue para guardar las escrituras de la familia, y si pagó las cuotas de decenas de militantes fue porque "ganaba 100.000 euros al año y me lo podía permitir".