¿Antonio Becerril era un farute y un bocazas con cargo público o un político corrupto? Esa es la incógnita que deben resolver los nueve hombres justos --cinco varones y cuatro mujeres-- que desde ayer enjuician en la Audiencia de Zaragoza el caso Becerril, el segundo gran juicio por corrupción de Aragón tras el de Mallén, en el que el exedil comparte banquillo con los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban.
El exteniente de alcalde zaragozano, que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión, 16 de inhabilitación y 398.000 euros de multa, negó ayer que hubiera facilitado a Aured información confidencial sobre contratas municipales, que influyera sobre funcionarios para favorecer a empresas de sus amigos, que recibiera sobornos del exalcalde de La Muela --la Policía los cifra en 20.700 euros en tres años-- y que blanqueara parte de ese dinero --7.420 en un trienio-- pagando cuotas de militantes del PSOE.
También negó que se hubiera corrompido. "Yo en mi vida he hecho nada ilícito, en veinte años de político. Si usted me encuentra un euro, no mil, iré a Zuera andando", le respondió a la fiscal, Victoria Esponera.
Becerril se presentó como un bocazas que se apuntaba ante personas como Aured --se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y 300.000 euros de multa-- méritos que no le correspondían, como el del contrato de 800.000 euros que Acciona firmó con Hormigones y Áridos Pedrola, empresa de Juan Carlos Esteban, para quien la Fiscalía solicita un año y medio de prisión --su abogado, Miguel Ángel Clemente, pide la absolución--.
"Yo ahí me estaba apuntando lo que no debía para hacerme el importante. Fue una farutada para quitarme de encima a Carmelo", dijo. Su abogada, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, que solicita la absolución, insistió en que Becerril le dio la noticia a Aured días después de que la constructora tomara su decisión.
Becerril mantuvo entre julio y diciembre del 2008 un fluido contacto telefónico con Aured --representado por el abogado César Ciriano, que sostiene que debe ser exonerado-- en el que le hablaba de contratas que tramitaba su área de Infraestructuras --las adjudicaba Economía-- y de otras como las del Fondo Estatal de Inversión Local. El exedil insistió en que la información que le facilitaba era ya pública. Se la daba, dijo, "como al 99% de esta ciudad".
El cruce de las fechas de las conversaciones y de la publicación de las contratas en los boletines oficiales resultará clave para que el jurado emita su veredicto sobre los cargos de tráfico de influencias. Será objeto de controversia el martes, cuando comparezca el Grupo de Blanqueo.
La primera sesión de la vista oral incluyó la reproducción de varias de las conversaciones telefónicas entre Becerril y Aured que la Policía interceptó durante las pesquisas de la operación Molinos, y cuya legalidad estudia llevar ante el Constitucional la defensa del primero. Algunos de sus pasajes rozan la obscenidad. "No me des más marcha", le responde Aured a Becerril tras decirle este que, "en mi despacho, si necesitas más papeles de contratos, lo tengo todo".
En otras hablan de "el mozo de Pedrola" o "del hormigón", aunque el exconcejal no acertó a recordar si con esas palabras se referían a Esteban --a preguntas de su letrado dijo no conocerlo--.
Becerril insistió en afirmar que tenía con mucha gente charlas como las que mantuvo con Aured. "No deja de ser una conversación más, una entre mil, no dice nada", declaró tras oír una en la que le explicaba que ese día había aprobado un proyecto de 600 VPO que más adelante "sacaré a licitación". "Son conversaciones normales ¿Dónde está que hayamos hablado de comisiones?", remarcó.
Por último, indicó que si tuvo una caja de seguridad en un banco fue para guardar las escrituras de la familia, y si pagó las cuotas de decenas de militantes fue porque "ganaba 100.000 euros al año y me lo podía permitir".
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